Cogeneración para reducir residuos

La Mancomunidad estudia la cogeneración para reducir residuos, producir electricidad y disminuir la factura a los ciudadanos

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental junto a la Diputación de Málaga estudian la opción de implantar plantas de cogeneración para reducir residuos, producir electricidad y disminuir la factura energética a los ciudadanos.

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, que se ha desplazado a Londres para visitar dos instalaciones de este tipo –una en Lincoln y otra en Buckingham- junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña.

Salado y Cardeña han explicado que en estos momentos se están analizando las necesidades de la provincia y, al mismo tiempo, los técnicos de ambas administraciones están trabajando juntos para “buscar las opciones que mejor se adapten a nuestro territorio”.

Energía verde

Estas plantas de cogeneración eliminan los residuos que no se pueden reciclar y producen energía verde, sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.

“Una de las instalaciones que hemos visitado genera 25 megavatios de energía eléctrica, con los que se alimenta la propia planta y también se inyecta a la red eléctrica para el consumo de los ciudadanos del entorno”, ha explicado Salado, quien ha incidido en que todo esto conllevaría además una reducción en la factura energética de los ciudadanos, ya que evitaría que esos residuos acabasen en el vertedero.

Cardeña, por su parte, ha señalado que la gestión de los residuos es una de las líneas de trabajo que comparten la Diputación de Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y ha recordado la necesidad de cumplir con la nueva normativa europea, que establece la obligatoriedad de tratar todos los residuos que se produzcan.

Ley de residuos

El presidente de la Diputación ha recordado que ya ha entrado en vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central, que penaliza toda la basura que se entierre en el vertedero con un coste de 30 euros por tonelada.

En este sentido, Salado ha lamentado que la imposición de esta tasa “no haya llegado acompañada por recursos económicos para los ayuntamientos”.

Además, la ley establece que el coste de los residuos debe ser cubierto a través de una tasa diferenciada y no deficitaria, lo que significa que los municipios deben garantizar su viabilidad financiera sin generar pérdidas.

Manuel Cardeña ha señalado que las inversiones “se hacen a la carta, por petición de los propios ayuntamientos, siempre que se ajusten al presupuesto adjudicado a cada uno de ellos”.

“Estamos trabajando para avanzar hacia una provincia más sostenible, y a la vez buscamos opciones para aliviar la subida de la factura que ha provocado la entrada en vigor de esa ley”, ha apuntado finalmente Salado.